Economía Colaborativa, causa y solución del proceso de gentrificación.

Las nuevas tecnologías nos posibilitan mantener contacto con millones de personas y acceder a un universo de información desde cualquier lugar y en cualquier momento. La Economía Colaborativa se vale de estas posibilidades para superar la infrautilización de bienes, de tal manera que se produzca un beneficio mutuo alejado del lucro. No obstante, el carácter de novedad del fenómeno, sobre todo desde una perspectiva legal, desencadena que se produzcan ciertos fenómenos indeseables, como la gentrificación.

Dichas situaciones se basan en un componente que induce a error, es decir, comportamientos pueden ser considerados como colaborativos cuando no lo son, y viceversa, y que pueden encontrar correspondencia legal, según qué caso, en el artículo quinto de la Ley de Competencia Desleal. Uno de los ejemplos más representativos lo constituye la compartición de inmuebles o de alguna de sus estancias. Esta actividad puede encuadrarse dentro de una práctica colaborativa, siempre que comporte un carácter ocasional, no orientado expresamente al lucro y que suponga el aprovechamiento de una vivienda o parte de ella que no se utiliza. Ahora bien, se han dado (y se dan) infinidad de casos en los que los oferentes ejercen con una intencionalidad cuasi-profesional persiguiendo inequívocamente el lucro, por ejemplo, aquel sujeto que cuenta con varios inmuebles que alquila indefinidamente, ya sea con el fin de obtener un sobresueldo o directamente como modus vivendi.

La proliferación de la Economía Colaborativa a todos los niveles da lugar a dos contextos contrapuestos. De una parte, colabora a incrementar la “eficiencia económica”, representado por el beneficio social mutuo derivado de su práctica; de otra, provoca la aparición de ciertas manifestaciones basadas en un factor oportunista que causan un perjuicio a la sociedad en su conjunto. En este sentido, ejerce una gran influencia sobre el proceso de gentrificación, que tiene lugar especialmente en las grandes ciudades de nuestro país.

Como es bien sabido, la población mundial tiende a concentrarse desde mediados del siglo pasado en las grandes ciudades. Los ciclos de retroalimentación positiva provocan que las mejores oportunidades laborales, las grandes empresas y el centro de la vida cultural y social se localizan en ellas. Por efecto de la ley de oferta y demanda, entre otras variables, el precio de los alquileres en dichos núcleos urbanos está experimentado una escala sin precedentes en los últimos 3 años. El “arrendamiento” de viviendas desde una óptica colaborativa se perfila como una solución de cara a posibilitar la residencia a los trabajadores y turistas, pues miles de viviendas se encuentran vacías y, por tanto, infrautilizadas. No obstante, el uso oportunista de las plataformas más famosas está provocando el efecto contrario. Muchos propietarios están observando que es infinitamente más rentable “alquilar” sus inmuebles a turistas por días que hacerlo a familias residentes o a trabajadores durante todo el año. Teniendo en cuenta que España es el destino turístico mundial por excelencia, la consecuencia se traduce en que para los trabajadores sea misión imposible costearse un alquiler no de una vivienda, sino de una espartana habitación.

Los casos más dramáticos se registran en Baleares, Madrid y Barcelona. Un porcentaje realmente preocupante de personas han de rechazar puestos de trabajo cualificados porque sencillamente les es imposible alojarse en las islas. Se han llegado a registrar casos de alquiler de furgonetas por cantidades superiores a los 600 euros mensuales, por lo que la magnitud del problema es mayúscula. En la capital y en la ciudad, familias que residían permanentemente en barrios céntricos se han visto desplazadas a la periferia e incluso a ciudades dormitorio “expulsadas” por el incremento de sus alquileres hasta en un 100% interanual, dado que la rentabilidad del alquiler turístico es sencillamente imbatible.

Abordar esta problemática es algo complejo por múltiples razones. En primer lugar, el artículo 38 de la Constitución consagra el marco de economía de libre mercado, de tal forma que no cabe la planificación estatal y es la ley elemental de la oferta y demanda la que dicta los precios. En contrapartida, el siempre controvertido artículo 47 consagra el derecho a una vivienda digna. De lo que no cabe duda es que en la práctica estamos ante un derecho fundamental de la persona, por lo que la problemática del acceso a la misma debe ser, al menos, tratado teniendo en consideración el nuevo escenario al que estamos asistiendo.

En mi opinión, cabe acercar posturas hacia una posición mixta que luche contra la especulación y la vocación inequívocamente oportunista de ciertos agentes, que en muchas ocasiones justifican sus actos bajo el “velo” de prácticas colaborativas o, sencillamente, escudándose en que las tarifas se determinan en función de la cada vez más creciente demanda. En primera instancia, sería conveniente el desarrollo de, al menos, un marco genérico legal que defina donde están los límites de las prácticas colaborativas; un registro estatal y centralizado de aquellas plataformas que puedan encuadrarse como tales, siempre que cumplan ciertos requisitos a determinar; y una tasa única que soporte, en proporciones a especificar, tanto el oferente como la plataforma en sí, sin perjuicio de eventuales tributaciones por rendimientos del capital inmobiliario que, del mismo modo, deben adaptarse a esta nueva situación, modificación la Ley de IRPF en lo que fuere necesario. En segundo lugar, plantear una subvención temporal para aquellos trabajadores, que podría costearse precisamente con la referida “tasa. Adicionalmente, plantear un fuerte tributo para aquellos agentes que alquilan turísticamente sus inmuebles, sobre todo en aquellas ciudades donde el fenómeno de la gentrificación sea especialmente grave, como las comentadas. Podría también contemplarse una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y de Arrendamientos Urbanos de tal forma que las comunidades de propietarios no se conviertan en auténticos hoteles, desplazando a los vecinos que lleva residiendo allí toda la vida.

Así las cosas, mediante estas propuestas, evitaríamos, por un lado, “intervenir” directamente la economía fijando precios o restringiendo la libertad de empresa. De otro, se podría ingresar una ingente cantidad de dinero por parte de aquellas personas que emplean masivamente sus inmuebles para alquiler turístico, persuadiéndolos y pudiéndose destinar estos fondos a subvencionar alquileres y a otros actos encaminados a favorecer la vivienda en las grandes urbes.

No obstante, el panorama es ciertamente complicado. Todo aquello donde está presente la digitalización es difícilmente de definir, delimitar y regular. Paralelamentetambién es más fácil de inspeccionar y controlar.Además, la descentralizada y duplicada configuración político-legal de España dificulta aún más las cosas a la hora de buscar consensos. Sea como fuere, combatir el fenómeno de gentrificación debe ser una de las grandes prioridades nacionales.

Artículo publicado en el Blog de Economía Colaborativa da Universidade da Coruña, disponible en:

ECONOMÍA COLABORATIVA: CAUSA Y SOLUCIÓN DEL FENÓMENO DE GENTRIFICACIÓN

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.